De acuerdo a la Fiscalía, la actividad ilegal de esta empresa que operaba sin licencia ambiental desde 2021, no solo afectó los recursos naturales sino que causó daños en la salud de los habitantes de la zona.

Una alarmante emergencia ambiental en el Canal de Policarpa fue dejada al descubierto por la Fiscalía General de la Nación con la judicialización de cinco integrantes de una empresa que estaría realizando vertimientos de residuos peligrosos a este cuerpo de agua que desemboca en la Bahía de Cartagena.
Según dio a conocer la Fiscalía, la actividad ilegal de esta empresa que operaba sin licencia ambiental desde 2021, no solo afectó los recursos naturales sino que causó daños en la salud de los habitantes de barrios aledaños al sector Puerta de Hierro, en Policarpa, donde operaba.
“Desde su sede arrojaban material que afectaba la flora, la fauna, el suelo y el agua. Los peritajes evidenciaron que las descargas estarían causando afectaciones en la salud de los habitantes, pues usaban el agua contaminada para cubrir sus necesidades básicas. Además, se acreditaron daños en el ecosistema, desaparición de especies animales y vegetales, y pérdida de nutrientes y disminución de la fertilidad en el terreno”, indicaron.

Por su parte, el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, que interpuso la denuncia, anunció una investigación sancionatoria, ya que la autoridad ambiental había impuesto cinco medidas preventivas, incluida la suspensión de la actividad, por reiteradas quejas de la comunidad.
“Dicha empresa ya es objeto de una investigación sancionatoria ambiental por parte de EPA Cartagena, como consecuencia de actuaciones anteriores originadas en reiteradas quejas de la comunidad. En el marco de estas actuaciones, la autoridad ambiental había impuesto medidas preventivas, incluida la suspensión de actividades”, señaló el Establecimiento Ambiental de Cartagena.
Acerca de los capturados, la Fiscalía informó que las personas procesadas por el delito de contaminación ambiental se encuentran Omar Arturo Gutiérrez, representante legal de la empresa dedicada al tratamiento de residuos de petróleo, aceites y desechos sólidos; Pedro Enrique Figueroa, Cecilio Rodríguez, Wilmer José Sarmiento y Yan Carlos Núñez.
“Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, el delito de contaminación ambiental. A Gutiérrez Florián, representante legal, se le atribuyeron circunstancias de agravación. Los cargos fueron aceptados”, detalló el ente acusador.