Familiares de Jackeline Altamar denuncian que Sanitas EPS no ha autorizado una intervención de trasplante de cadera. Gerente regional fue sancionada con 3 días de arresto por no acatar el fallo de tutela que ordena la operación.
Hay desesperación en una familia de Barranquilla que suma cuatro meses esperando que EPS Sanitas autorice una cirugía de cadera a una mujer que fue atropellada por un conductor en estado de embriaguez. Tras los desacatos de una acción de tutela que ordena la intervención, un juez ordenó el arresto por tres días de la gerente de la entidad en el Atlántico, María Rosa Lacouture.
La historia comienza el 13 de diciembre de 2025, cuando Jackeline Altamar Gutiérrez, de 59 años, sufrió un accidente de tránsito en Barranquilla junto con su hijo, causado por una persona que conducía una camioneta en estado de embriaguez, según reportaron las autoridades en ese momento. Desde entonces, está postrada en una cama, sin poder caminar ni atender sus necesidades básicas.
De acuerdo con el relato de la familia, la paciente ya se ha sometido a tres cirugías, pero no ha logrado recuperar su movilidad. Por lo tanto, ahora necesita un reemplazo total de cadera, un procedimiento que, según su hija Kathy Rincón, lleva más de cuatro meses esperando la autorización de Sanitas EPS.
Kathy describió que, mientras esperan, el estado de salud de su madre se ha deteriorado de manera considerable, no solo a nivel físico, sino también emocional.
«Han sido unos meses muy trágicos. Mi mamá ni siquiera puede soportar la cama, no duerme en ella, duerme en una silla con un montón de almohadas. Mi mamá no puede hacer bien sus necesidades; su soporte, digamos que en estos momentos, hemos sido nosotros. La vida cambió drásticamente porque ella era una pieza fundamental en la casa».
Llama la atención que ni siquiera con el fallo de una tutela a su favor, notificado en septiembre, se ha logrado garantizar la intervención quirúrgica. Por este motivo, un juez emitió un incidente de desacato contra María Rosa Lacouture, gerente regional de Sanitas, y la sancionó con tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos.
Además, el despacho ordenó a Sanitas EPS autorizar de manera integral los procedimientos dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del fallo. No obstante, ha transcurrido una semana desde dicha orden y la familia de Jackeline aún no ha recibido una respuesta positiva.